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Ley de Responsabilidad Medioambiental

ÚLTIMA HORA (4/10/2007): El 4 de octubre de 2007 el Pleno del Congreso aprobó el proyecto de Ley de Responsabilidad Medioambiental, que obligará a las empresas, de forma progresiva a partir de 2011, a disponer de una garantía financiera para cubrir la responsabilidad medioambiental en la que puedan incurrir.

El objetivo de la norma es dar cobertura legal al principio de "Quien contamina, paga y repara". El texto incorpora una modificación del Senado que limita estas obligaciones para empresas españolas que trabajen con fondos públicos en países fuera de la UE.

La norma obligará a más de 5.000 empresas industriales, más de un millón de explotaciones agrarias y más de 30.000 empresas de transporte y mercancías a corregir los posibles daños que ocasionen al medio ambiente. Con ello se quiere evitar que la factura de la reparación sea sufragada por los presupuestos públicos.

La el pleno de la Cámara Baja incorporó finalmente 11 de las 13 modificaciones incluidas por la Cámara Alta a la Ley, que transpone una directiva europea y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el B.O.E.

Uno de los cambios más polémicos fue la inclusión de la disposición adicional decimotercera, que remite a las empresas españolas que trabajan con fondos públicos en países fuera de la UE a los convenios internacionales suscritos por España y el país en el que se encuentren en caso de causar daños medioambientales, en lugar de aplicar la normativa española.

La ley de responsabilidad ambiental obligará a reparar los daños que haya sufrido el medio ambiente y a devolver los recursos naturales al estado original en que se encontraban.

Si los daños potenciales al medio ambiente se sitúan por debajo del umbral de 300.000 euros, los operadores quedarán exentos de esta exigencia. Entre 300.000 y 2.000.000 de euros, podrán optar entre suscribir la garantía financiera o adherirse al sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales. Por encima del umbral de 2.000.000 de euros, se exigirá siempre la garantía financiera.

La ley protege los recursos naturales situados en el agua, las costas, el suelo y los hábitats naturales protegidos, además de las especies silvestres, entre otras.

No adoptar medidas preventivas o no informar a las autoridades de que se ha ocasionado un mal en el medio ambiente podrá ser sancionado con multas de entre 10.000 y dos millones de euros.

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